El 13 de
marzo de 2025, el expresidente colombiano Andrés Pastrana y otros líderes
políticos internacionales fueron detenidos en el Aeropuerto de Luanda, Angola.
Pastrana, presidente de la Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI), viajaba
para participar en una conferencia sobre democracia organizada por el Partido
Unita, principal fuerza opositora en Angola.
A su
llegada, las autoridades migratorias angoleñas solicitaron sus documentos y,
sin ofrecer explicaciones, lo condujeron a una sala de detención junto con
otros 66 participantes, incluyendo expresidentes y exfuncionarios africanos.
Durante su retención, Pastrana denunció la falta de información y transparencia
por parte de las autoridades locales.
La
retención fue interpretada como una medida del gobierno angoleño para
obstaculizar la realización del foro, debido a sus críticas hacia el régimen
actual. Pastrana comparó este acto con prácticas de gobiernos autoritarios en
América Latina, sugiriendo que Angola actuó para evitar discusiones sobre
democracia que pudieran reflejar negativamente su propio sistema político.
Tras
varias horas de incertidumbre, las autoridades angoleñas liberaron a Pastrana y
a los demás detenidos. La Cancillería colombiana confirmó su liberación,
indicando que las autoridades de Angola determinaron que no representaban una
amenaza para el país.
Pese a la
liberación, el foro no se llevó a cabo como estaba previsto. Pastrana criticó
la actitud del gobierno angoleño, destacando que su intención era promover el
diálogo democrático y que la retención fue un intento de suprimir debates
legítimos sobre gobernanza y derechos humanos.
Este
incidente ha generado preocupación sobre el compromiso de Angola con los
valores democráticos y su disposición a permitir discusiones políticas
plurales. Organizaciones internacionales y líderes mundiales han expresado su
apoyo a Pastrana y a los demás afectados, condenando las acciones del gobierno
angoleño.
La
comunidad internacional continuará observando de cerca la situación política en
Angola, instando al gobierno a respetar los derechos fundamentales y a
facilitar espacios para el diálogo democrático.
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