Una vez más, el debate sobre la seguridad digital se instala en Paraguay, no solo por la magnitud del daño sino por la señal de alarma que deja al descubierto una peligrosa fragilidad estatal. Esta vez, un grupo de ciberdelincuentes autodenominado “Brigada Cyber PC” publicó en la dark web datos personales de más de siete millones de paraguayos, accediendo a filtraciones antiguas de instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito, el Ministerio de Salud y la Gobernación de Cordillera.
Lejos de tratarse de un ciberataque novedoso, lo que ocurrió expone un problema más profundo: la acumulación de negligencias pasadas que hoy pasan factura. No es la primera vez que bases de datos estatales terminan en manos ajenas, pero sí es una de las pocas veces en que esta información se hace completamente accesible al público en un foro delictivo digital. La amenaza se cumplió, y el Estado, al menos de manera oficial, no pagó el rescate.
Lo preocupante no es solo la acción de los hackers, sino la debilidad estructural de las plataformas informáticas utilizadas por instituciones públicas, muchas veces sin auditorías serias ni protocolos de respuesta rápida ante incidentes. Esta publicación masiva de información muestra que no solo se trata de tecnología, sino de voluntad política y responsabilidad institucional para proteger lo más íntimo de los ciudadanos: su identidad.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que los datos publicados no son sensibles ni actuales, y que la información fue tomada de filtraciones viejas. Pero en la era digital, toda filtración es permanente. Una vez que los datos salen a la red, no hay vuelta atrás. La confianza del ciudadano en sus instituciones también se filtra, y esa es una pérdida difícil de reparar.
Este incidente plantea una pregunta urgente: ¿qué tan conscientes somos como sociedad de nuestra exposición digital? En un país donde todavía se subestima el valor de la ciberseguridad, urge promover una cultura ciudadana que comprenda que nuestros datos son activos personales que merecen protección, tanto por parte del Estado como por nosotros mismos.
No se trata solo de proteger nombres, cédulas o direcciones. Se trata de prevenir fraudes, suplantaciones de identidad, estafas, y de establecer límites claros sobre quién puede usar nuestra información y para qué. Esto exige una legislación moderna, una estructura tecnológica sólida, y una ciudadanía más informada y participativa en temas digitales.
En resumen, lo que ocurrió esta semana no es un escándalo aislado. Es la muestra de que Paraguay necesita invertir con seriedad en soberanía digital y gestión de riesgos informáticos. El derecho a la privacidad debe dejar de ser una idea lejana y convertirse en política pública concreta. Porque cuando los datos dejan de pertenecernos, también empieza a desdibujarse nuestra libertad.
.jpeg)
0 Comentarios