En una jornada marcada por el miedo y la violencia, nuevos hechos terroristas estremecieron este martes al suroccidente de Colombia. Dos explosiones con características similares ocurrieron con pocos minutos de diferencia en puntos estratégicos del departamento del Cauca y el Valle del Cauca, dejando un saldo trágico de cuatro personas fallecidas y múltiples heridos. La situación ha provocado el despliegue inmediato de fuerzas militares y organismos de emergencia en la región.
El primer ataque ocurrió en el peaje de Villa Rica, sobre la vía Panamericana, donde un bus cargado con explosivos estalló, acabando con la vida de un uniformado e hiriendo a varios civiles. Este corredor vial es una arteria clave para la movilidad y la economía del suroccidente del país, y ya había sido blanco de otros atentados en años anteriores. La detonación provocó severos daños en la infraestructura del peaje y dejó escombros sobre la carretera.
Casi de inmediato, un segundo hecho alarmó a las autoridades: un artefacto explosivo fue detonado en el corregimiento de Guachinte, en Jamundí (Valle del Cauca), cobrando la vida de tres personas y dejando a un militar gravemente herido. La Alcaldía de Jamundí confirmó el hecho a través de un comunicado, informando que la explosión fue provocada por un cilindro-bomba, una táctica utilizada por grupos armados ilegales en zonas rurales.
Los ataques se producen en medio de un ambiente de creciente tensión en esta región del país, donde en los últimos meses se han registrado enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados al margen de la ley, que buscan controlar rutas estratégicas para el narcotráfico y el contrabando. Las autoridades investigan si estos hechos están relacionados con la disidencia de las FARC o con otras estructuras ilegales que operan en el área.
El presidente Gustavo Petro anunció que se desplazará a Cali para encabezar un consejo de seguridad extraordinario. También condenó los hechos en su cuenta de X (antes Twitter), calificándolos como “acciones cobardes que atentan contra la paz y el bienestar de la población civil”. El Gobierno nacional reiteró que continuará con su estrategia de seguridad integral, aunque las comunidades afectadas exigen acciones más contundentes.
Mientras tanto, los habitantes de Jamundí y Villa Rica viven horas de angustia. Algunas familias han decidido abandonar temporalmente sus viviendas por temor a nuevos ataques. Escuelas suspendieron clases presenciales y varios comercios cerraron por precaución. Las organizaciones de derechos humanos piden mayor presencia institucional y medidas de protección para la población civil.
La situación sigue siendo monitoreada minuto a minuto. Las autoridades trabajan en la identificación de los responsables y en la evaluación de los daños. En el país, el clamor por la paz vuelve a alzarse, mientras muchas voces, desde los territorios golpeados por la violencia, recuerdan que la verdadera seguridad solo llegará cuando cesen las armas y se construya una presencia integral del Estado en cada rincón olvidado.
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