Venezuela bajo presión: más de 1.500 presos políticos exigen libertad inmediata

 

Más de 1.500 personas privadas de libertad en Venezuela han solicitado acogerse a la reciente ley de amnistía aprobada por el Parlamento, en un proceso que comenzó a generar las primeras excarcelaciones. La medida, presentada como un paso hacia la reconciliación nacional, abre la puerta a la revisión de numerosos expedientes vinculados a hechos ocurridos durante casi tres décadas de gobierno chavista.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que 1.557 solicitudes están siendo atendidas y que solo en la primera jornada se registraron decenas de liberaciones en Caracas. Según explicó, la aplicación del beneficio no es automática: cada persona debe acudir ante el tribunal correspondiente para pedir formalmente su inclusión en la ley, mientras que la Fiscalía también puede impulsar los trámites.

La normativa fue promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de año. Desde el Ejecutivo se ha descrito la amnistía como una herramienta para avanzar hacia una etapa “más democrática y justa”, en un contexto de reconfiguración política y de acercamientos diplomáticos con Estados Unidos.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado reservas sobre el alcance real del instrumento legal. Señalan que no todos los casos estarían cubiertos y que algunos procesos, especialmente los vinculados a delitos militares, quedarían fuera del beneficio. Esta situación ha generado inquietud entre familiares que esperan respuestas claras y rápidas.

A las afueras de centros de detención como Zona 7, en Caracas, parientes de los detenidos mantienen vigilias y protestas pacíficas. Algunos celebran las primeras liberaciones, mientras otros temen que la aplicación de la ley sea limitada. La incertidumbre se mantiene pese a los anuncios oficiales de que el proceso será continuo y se resolverá en cuestión de días.

Datos ofrecidos por legisladores indican que cientos de personas ya habrían recibido libertad condicional en etapas previas y que ahora podrían acceder a libertad plena. No obstante, organizaciones independientes como Foro Penal estiman que todavía permanecen varios centenares de detenidos considerados presos políticos, muchos de ellos a la espera de decisiones judiciales definitivas.

En paralelo, el Parlamento evalúa posibles medidas adicionales, como indultos o beneficios especiales, para quienes no encajen en los supuestos de la amnistía. Mientras tanto, familiares y defensores insisten en que el proceso debe ser transparente y sin exclusiones, con la expectativa de que las liberaciones marquen un verdadero punto de inflexión en la crisis política del país.